La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el concepto que la Procuraduría General dio durante esta semana, después de haber documentado más de 70 casos en los que víctimas de secuestros fueron obligadas a realizar trabajos forzados, y afirmó que las Farc-EP sí incurrieron en el crimen de lesa humanidad de esclavitud.
Esto fue aceptado en el Caso 01, que corresponde a la ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’, pues una de las dinámicas del secuestro que tenían implementada era la realización de estos trabajos forzosos como manera de castigo.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP afirmó que los más afectados fueron los campesinos y los conductores, y reveló un patrón de conducta según los relatos de las víctimas, que eran obligadas a transportar guerrilleros y desarrollar actividades agrícolas a pesar de ser una forma de castigo ilegítimo.
Del mismo modo, otro patrón a considerar es que las víctimas fueron comercializadas entre las guerrillas, ejerciendo un rol de propiedad de sus agresores. Ahora, los comparecientes del caso 01 tienen 10 días hábiles para reconocer la conducta ante la Sala de la JEP.