Un juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia a estos 5 jóvenes, por hechos relacionados con las protestas.
Un juez del Complejo Judicial de Paloquemao impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia a cinco presuntos integrantes de la autodenominada Primera Línea en Bogotá, que habían sido capturados el pasado miércoles, por supuestos actos vandálicos cometidos durante las protestas sociales en la capital del país.
La Fiscalía confirmó que los involucrados son Andrés Felipe Rodríguez, alias Gato; Maura Valentina Díaz, alias Maura; Julián Andrés Moreno, alias Flaco; Jhonatan Steven Cortés, alias Z-11; y Karina Yurley Cepeda Andrade, alias Karo. Se presume que participaron en actos de vandalismo y terrorismo durante las manifestaciones.
Puntualmente, a los capturados se les acusa de participar en la incineración de una patrulla de la Policía, de retener varios auxiliares de la institución, y de destruir un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá.
La investigación de la Fiscalía apunta a que el pasado 22 de julio, a las 11:30 pm, «alias Z-11 y alias Karo presuntamente lanzaron bombas incendiarias contra una patrulla de la Policía; además, habrían roto vidrios y pinchado las llantas del vehículo. El uniformado que conducía el automotor fue golpeado y amenazado de muerte. En el ataque también resultó afectado un taxi que fue estrellado por el vehículo oficial». El total de daños causados ronda los $39 millones.
Además, el 31 de julio, los ahora imputados al parecer retuvieron durante 30 minutos a 6 auxiliares de la Policía, «a pesar de que ellos estaban vestidos de civil. Las víctimas fueron agredidas física y verbalmente, así como torturadas. Los presuntos agresores además les habrían hurtado sus objetos de valor al igual que dinero en efectivo. Uno de los afectados recibió una incapacidad de 7 días por las lesiones sufridas».
Finalmente, el 9 de agosto en horas de la tarde, los cinco jóvenes habrían destruido un bus del SITP. «Los presuntos implicados rompieron el sistema de presurización de las puertas, los vidrios y la carrocería, y luego le prendieron fuego. Aparentemente, durante el hecho, amenazaron al conductor y a los pasajeros entre los que se encontraba una niña de 6 años. Los daños ocasionados alcanzaron los $761 millones de pesos», dice el reporte.
Por todo ello, el ente investigativo les imputó los delitos de secuestro, tortura, terrorismo, concierto para delinquir, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno agravado y lanzamiento de objetos peligrosos.