La Procuraduría General de la Nación pidió a la juez primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla que revoque la prisión domiciliaria que fue concedida a Emilio Tapia por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, ya que esta habría sido incumplida en varias ocasiones.
Desde el ente de control se advirtió que Tapia, hoy también involucrado en el escándalo de aparente corrupción en el Ministerio de las TIC y su contrato con Centros Problados, se habría burlado de la justicia e incumplido sus obligaciones como condenado, cuando se trasladó a Bogotá, Antioquia, Sucre, entre otros, sin la debida autorización legal.
En el oficio enviado, el Ministerio Público solicitó a la juez que ordene a Tapia seguir cumpliendo su pena en un establecimiento carcelario, debido a que con su comportamiento se generaron “serias dudas acerca de su genuina resocialización y ánimo de colaboración”, así como del efectivo control por hacer cumplir la medida de casa por cárcel que ejerce el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
El requerimiento se presentó debido a la supuesta vinculación del empresario a reuniones que aparentemente se efectuaron en diferentes ciudades del país, entre ellas Medellín, para adjudicar la contratación que se firmó entre el MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados.
“Para la Procuraduría, estos viajes estarían ocasionado desconocimiento por parte del señor Emilio Tapia de las obligaciones por él adquiridas al serle concedida la prisión domiciliaria por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, inclusive utilizando, con ilegales propósitos, el domicilio en el que una autoridad judicial dispuso que debía permanecer privado de la libertad”, expuso el ente de control.
En ese contexto, la Procuraduría pidió compulsar copias a la Fiscalía, con el fin de que se abran las investigaciones penales en contra de los servidores públicos que con su acción u omisión hayan permitido o facilitado al condenado Tapia incumplir las obligaciones que le habían sido impuestas al concederle prisión domiciliaria y en consecuencia burlado el accionar de la justicia en sede de ejecución de penas.
Además, se resaltó que bajo el caso del ‘carrusel de la contratación’ y a solicitud del Ministerio Público, en el año 2020 le fue revocada a Tapia una libertad condicional concedida por el mismo juzgado de Barranquilla.