Después de la muerte de Luis Héctor Solarte se produjo una división empresarial pues su socio de toda la vida, su hermano y colega ingeniero Carlos, armó rancho aparte, aunque él confiese que la nueva empresa CASS Construcciones fue una idea lentamente cuajada por sus hijos emprendedores Claudia, Paola y Carlos Andrés desde abril de 2005: “Me llena de orgullo y regocijo pensar que sí correspondieron a las expectativas que yo tenía en ellos, y en la empresa de ellos.”
En un proyecto de biografía familiar diría, refiriéndose al carácter emprendedor de sus hijos, que “…a ellos no les presté, les prestó el banco. Les serví de aval en el banco, de fiador responsable, pero yo no les presté un peso. El día que les dé un peso, ellos no sabrán cuánto cuesta tener una máquina. Para conservarla hay que comprarla, entonces a usted le duele y dice: esta máquina cuesta.”
Según los Solarte hijos, las primeras licitaciones ganadas de la empresa fueron adjudicadas usando la evidente experiencia y “good will” de su padre pues CASS Construcciones S.A.S. solo ganaría su primera licitación después de 36 infructuosos intentos. Uno de esos primeros grandes proyectos fue la construcción del sistema de transporte masivo MIO de Cali –parte de la fortaleza operacional de los Solarte en general es focalizarse en el sur del país– del cual señalan que extrañamente no dio utilidades. Que perdieron, cosa rara para una empresa primípara en un proyecto de esa magnitud.
Según la misma familia, todos trabajaban en otras empresas y solo era en horas de la noche en donde se reunían para debatir directrices y supervisiones, delegando en otros miembros del staff con los riesgos inherentes a manejar obras desde lejos.
Paola, quién después caería por cuenta de la justicia, trabajaba en el sector financiero en la banca de inversión del Bancolombia. Su hermano ingeniero Carlos Andrés como director de obra en la constructora Pedro Gómez y Compañía –creadores de los malls llamado Unicentro– empresa que entraría por problemas económicos en reorganización empresarial en marzo de 2020 por la Supersociedades.
La otra hermana, Claudia Bibiana que entraría como gerente administrativa, se encontraba en Barcelona, España haciendo su doctorado en Management Sciences. Se incorporó en la planta después de los primeros contratos, pero era la que tenía mejor información sobre el negocio pues había trabajado en las épocas felices de Luis Héctor, su tío fallecido y Carlos su padre cuando no se habían separado en contratos y empresas.
Dice que uno de los secretos de los Solarte en esas épocas era que parte del personal que trabajaba en las obras lo contrataban en su pueblo natal Guatirilla: “en esa época salían 40 buses de Nariño para proyectos en todas partes. Iba a tener logros y a ahorrar porque la semilla nariñense iba a cohesionarse, a amar y trabajar con pasión. Ser de la tierra, empujar por una empresa de la tierra, iba a sacar a la empresa adelante y así fue”. El relato tiene tonos de retórica heroica pero explica en gran parte los logros de un personal fiel a los empleadores coterráneos que se tomaban el trabajo de acordarse de ellos.
Los años claves para CASS Construcciones comprenden un periodo del 2009 al 2014, en donde según ellos mismos, logran la consolidación empresarial y financiera con mayores encargos de obras aplicando la metodología implementada, secreta, de estas empresas constructoras de infraestructura: aceitando la maquinaria de la corrupción administrativa política.
Sume a lo anterior que no solo empleaban ese tipo de “técnicas” oscuras, difusas, sino que aplicaron la diversificación de negocios y que la familia Solarte en general tenía el sistema de maquinaria pesada más grande del país con 2.600 unidades y eran uno de los clientes consentidos de la poderosa empresa Caterpillar de Estados Unidos.
Enredados con el carrusel de contratación en Bogotá y con Odebrecht
EL problema se inicia en la famosa administración –por la corrupción galopante- del alcalde de Bogotá Samuel Moreno, hijo de La Nena Rojas, hija a su vez del general Gustavo Rojas Pinilla, presidente de facto tras golpe de estado militar en los años 50. Por ello se encuentran purgando prisión tanto Samuel como su hermano Iván.
CASS Construcciones entró de socio en una obra de infraestructura sanitaria en conjunto de la cuestionada empresa de ingeniería brasileña Odebrecht. Se trata de una mega obra denominada proyecto Tunjuelo-Canoas promovido y firmado por el contratante, la gigantesca Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB ESP).
El problema fue que tras destaparse los esquemas de corrupción administrativa en la alcaldía de Moreno, la Fiscalía General de la Nación acusó a Carlos Solarte y su hija Paola de haber repartido, con prolijo inventario de los beneficiarios, de coimas a concejales, contratistas y funcionarios para obtener el citado contrato Tunjuelo-Canoas, entre ellos el alcalde Samuel Moreno y su hermano Iván quienes recibieron $2.000 millones de pesos en el 2009.
Terrible por dondequiera que se le mire, pero es un ritual de las empresas de ingeniería en Colombia: darles a los favorecedores de contratos dineros o participación sobre el porcentaje total del proyecto que suele tasarse entre 10%, 15% y en algunos casos llegan hasta el 20%!
Según la Fiscalía CASS Constructores & CIA. S.C.A y Odebrecht, en complicidad pagaron un 8.75% en sobornos de un contrato avaluado en $243.717 millones. El caso es que la obra Tunjuelo-Canoas se trataba de construir túneles para encauzar aguas con el propósito de descontaminar el río Bogotá y era esencial para participar en la licitación una experiencia previa en este tipo de proyectos. Pues bien, CASS Constructores y Odebrecht consiguieron el contrato sin que ninguna de las dos empresas cumpliera con un requisito fundamental expresamente advertido en la licitación pública: haber construido previamente, como mínimo, 8 kilómetros de túneles en máximo 3 contratos.
Carlos Solarte y su hija Paola son acusados por la Fiscalía
Allí empieza la debacle de CASS Construcciones y del veterano ingeniero Carlos Solarte. No tenían escapatoria pues algunos de los implicados en recibir los sobornos en sus preacuerdos con la justicia decidieron colaborar con ella denunciando la trama de corrupción conocida públicamente –con todo y serie de televisión- del “cartel de los sapos”.
Así el Fiscal 84 de la Dirección contra la Corrupción presentó el preacuerdo firmado por Paola Fernanda Solarte en el caso del contrato Tunjuelo-Canoas. Allí se manifestaba que Paola había aceptado plenamente su responsabilidad penal, que había consignado $675 millones de pesos en el Banco Agrario a favor de la víctima, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) con el compromiso ulterior de consignar cuatro cheques por $281 millones cada uno. Paola fue enviada a la cárcel del Buen Pastor a causa del carrusel de contratación.
En la negociación con la fiscalía se modificó uno de los delitos imputados: de peculado por apropiación se cambió a abuso de confianza y continúo la imputada respondiendo por la comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Por su parte, el representante de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dijo que “se obtendría la segunda sentencia condenatoria, la primera fue en contra de Andrés Cardona, quien por preacuerdo aceptó cargos por celebración indebida de contratos y cohecho”.
Paola Solarte enfrentaría una pena de 6 años y cinco meses de prisión, tendría que pagar una multa de 486 salarios mínimos y recibiría una sanción de 88 meses para ejercer cargos públicos. Solarte Enríquez, se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor, de donde salió para detención domiciliaria al demostrar que era madre cabeza de familia, manifestó en ese momento a través de su apoderado la aceptación de los tres delitos y la devolución $1.800 millones de pesos.
El empresario Carlos Solarte fue procesado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. De acuerdo con el proceso, Carlos Solarte y su hija se habrían aprovechado de los anticipos girados por el Estado, para la ejecución del contrato 115 de 2009. Según el veterano ingeniero, su hija abuso de las funciones encomendadas en la empresa y se desligó de cualquier posibilidad de complicidad o coautoría. Total que hubo acusaciones y sentencias contra Carlos Solarte reiterando que fue víctima de su propia hija en el manejo de la empresa CASS Construcciones.
Los problemas de Solarte y CASS Construcciones repercuten
En marzo del 2021 se divulgó la noticia que el estado colombiano tendrá que pagarle $800.000 mil millones al empresario ingeniero Carlos Solarte en relación con un contrato firmado en 1999 durante la presidencia de Andrés Pastrana como principal socio y en menor participación Pavimentos Colombia, cuando conformaron la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca que tuvo una adición en 2006 cuando se amplía la concesión de 14 a 54 años.
Una extensión obviamente desmesurada –medio siglo- en donde se inicia un pleito jurídico entre el gobierno y los contratistas. El presidente Santos, alarmado ante la audacia, señaló públicamente que no conocía concesiones de más de 50 años y que “pondría en cintura a las empresas constructoras”. Total que el proceso pasó a un Tribunal de Arbitramento que ordenó la nulidad del contrato en noviembre de 2016, pasando dos años sin que se encontrase una salida al impasse.
El grupo Solarte convocó a un nuevo tribunal de arbitramento que falló finalmente en 2020 en favor del empresario ordenando a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pagarle la suma de $823.455 millones en reconocimiento a las inversiones hechas en el proyecto ya que los árbitros del litigio que en dos tramos del proyecto, uno se encontraba ejecutado en un 100% y en otro tuvo un avance del 51%.
Para la Contraloría General de la Nación “el Concesionario posiblemente puede obtener una mayor utilidad en el ingreso esperado como consecuencia del Adicional No. 13 de 2006 y el Otrosí No. 2 de 2008 realizado al Adicional No. 13 de 2006, del Contrato de Concesión No. 005 de 1999, cuyo objeto es los diseños, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la prestación del servicio y uso de bienes (explotación recaudo peaje) para la Malla Vial del Cauca”. Por su parte la Fiscalía abrió investigación por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
A propósito de este pleito en donde se muestra involucrado como representante legal de la Unión Temporal Desarrollo Vial de Valle de Cauca el ingeniero Carlos Solarte, el ex ministro de transporte en los dos gobiernos de Álvaro Uribe, el fallecido Andrés Uriel Gallego, fue quien aprobó la adición y ampliación causante de la litis expuesta decía públicamente que Solarte “era el mejor ingeniero de Colombia y que si pudiese adjudicar los contratos a dedo se los entregaría a él”.
Carlos Solarte fue condenado por el caso del proyecto Tunjuelo-Canoas otorgándosele una pena no privativa de la libertad por los delitos de interés indebido de la celebración de contratos y peculado por apropiación en provecho propio y de terceros. Su detención domiciliaria se debe a su edad de 77 años y padecer una enfermedad cardiorrespiratoria pero tendrá la obligación de presentar buena conducta, familiar y social.
Incumplimientos de CASS Constructores en otros proyectos
Cuando se inicia el proceso de acusaciones y aceptación de cargos, comienzan a auscultarse –casi que con lupa– otros proyectos de CASS Constructores en el país. Uno de ellos fue el proyecto de vivienda y transformación urbana Naranjal, de Medellín en julio de 2018. Un debate en el Concejo del municipio de Medellín mostró, con pruebas abundantes, que el proyecto tenía notorios retrasos en todas sus áreas pese al reconocimiento internacional del Foro Urbano-ONU Hábitat celebrado en abril de 2014, cuatro años atrás.
El concejal que promovió el debate fue Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Señalaba en ese momento que el alcalde Federico Gutiérrez –ahora precandidato presidencial– había recibido el proyecto en condiciones de poca favorabilidad y que no se vislumbraban a futuro soluciones de fondo por los afectados del proyecto a propósito que el principal socio y constructor del proyecto Carlos Solarte, de la empresa CASS Constructores & CIA fue capturado por el escándalo de sobornos con la firma brasileña Odebrecht. Según el concejal: “Carlos Solarte era operador y ejecutor del proyecto se había comprometido a dar más de $30.000 millones de pesos para adelantar este ambicioso proyecto urbano”.
En su alegato el concejal liberal Guerra Hoyos, el municipio de Medellín tuvo que demandar a la empresa CASS Constructores & CIA por los incumplimientos. Dijo entonces que “En el departamento de Antioquia, los constructores y del negocio inmobiliarios por las condiciones que se estaban dando en su momento Empresa Desarrollo Urbano (EDU) y la anterior administración ninguno quiso participar. Ante esta situación y la incertidumbre del proyecto como tal se ven afectados los moradores, compradores y el municipio, pero también se vendrán las demandas a la municipalidad por el no desarrollo del proyecto urbano”.
En realidad, cuando se adjudicó el proyecto algunos gremios de constructores (Lonja de Propiedad Raíz y Camacol) de Medellín se quejaron pues consideraban que si bien CASS Construcciones sabía mucho de vías, no tenía experiencia y conocimiento en la construcción de macroproyectos de vivienda y renovación urbana.
Otro caso relacionado con el departamento de Antioquia que causó conmoción nacional por la detención del gobernador Aníbal Gaviria, ex alcalde de Medellín y dos veces gobernador de Antioquia se debió a un proceso archivado desde el 2011 en la Fiscalía. El origen del problema se debe a que la Contraloría encontró diversos hallazgos e irregularidades en el contrato y los dos otrosí para la pavimentación de la Troncal de La Paz. Se sindicó a Gaviria como presunto responsable de celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Según la narrativa que plantea la Fiscalía, Aníbal Gaviria delegó en la Secretaria de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia, la celebración del contrato 2005-CO-20-335, firmado el 22 de diciembre de 2005 para “mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz tramo La Cruzada – Caucasia, sector Nuevo Oriente Escarralao”, por valor de $41.663 millones de pesos. De acuerdo con los investigadores, el departamento de Antioquia pagó tres anticipos al consorcio Troncal de La Paz por un valor cercano a los $6.000 millones de pesos sin que se hubiera aprobado la garantía que debía amparar los riesgos, un requisito fundamental en la contratación pública.
El constructor era Consorcio Troncal de la Paz cuyo representante legal es Luis Fernando Solarte Viveros consorciado con Carlos Alberto Solarte, de CASS Construcciones y su hija Paola Solarte. Aníbal Gaviria fue relacionado pese a sustentar que en su calidad de gobernador de Antioquia en ese momento –no en el periodo actual- delegaba a subalternos la inspección y vigilancia que le corresponde como autoridad contratante administrativa.
La Ley 80 de 1993 indica expresamente: “En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”. La obra tuvo una serie de irregularidades jurídicas contractuales tales como pago de anticipos sin haber constituido garantía e incremento injustificado la obra en $ 3.995 millones de pesos.
La debacle de CASS Construcciones, del clan Solarte y la cesión de obras y concesiones
Ante tantos problemas jurídicos de CASS Constructores y de los socios, con reconocimiento expreso de culpabilidad y sentencias judiciales, Carlos Solarte, el “mejor ingeniero de Colombia”– según el ex Ministro Andrés Uriel Gallego–, ha encontrado como única salida, en medio de tanto embrollo, en un intento de proteger su patrimonio y el de la empresa –cuestionada e imposibilitada según la legislación para acceder en participación de licitaciones públicas– la venta de la participación de la constructora en cinco megaproyectos –una parte del complejo entramado de empresas y concesiones– de cuarta generación, los famosos 4G. Ellos son:
- Santander de Quilichao-Popayán
- Santana-Mocoa-Neiva
- La iniciativa privada (IP) Vía al Puerto
- Bucaramanga-Pamplona
- Las obras que tienen con el Invías:
- Corredor del Sur; San Miguel-Santa Ana
- Perimetral de Mocoa
- Túnel del Toyo
- Carretera K15-Tierralta-San Pedro de Urabá
- Participación en las obras de construcción del famoso Túnel de la Línea con todo tipo de problemas técnicos y de diseño