El contrato 1043 de diciembre de 2020 para llevar conectividad digital a las escuelas del país tiene como socia a la empresa ICM Ingenieros, que conformó la Unión Temporal Centro Poblados con una cuantía de $1.04 billones, del cual recibió un anticipo del 6.55% por $70.000 millones de los cuales $58.000 fueron depositados en la cuenta de la empresa Nuovo Security, cuyo representante legal sostiene que le falsificaron su firma en el paraíso “express” de creación de empresas, reserva bancaria y fiscal del estado de Delaware, USA.
Los socios de Unión Temporal Centros Poblados son Novotics, antes llamada Funtics Intec de la Costa, Omega Building Constructora S.A.S. e ICM, vinculada a Emilio Tapias polémico contratista del carrusel de la contratación de Bogotá en donde aceptó su responsabilidad penal con la fiscalía bajo el llamado principio de oportunidad y cuyos tentáculos en diversas obras publicas del país logró que el cantante vallenato –seguramente pagó pues estos saludos, no son gratinianos– lo denominó real y pomposamente como “El Rey de las Carreteras”.
No exageraba el cantautor pues desde hace años, pese a sus procesos penales que todavía siguen en plena vigencia, sus tentáculos se han acrecentado con diversos tipos de obras en los departamentos de Córdoba, Chocó, Arauca, Bolívar y Atlántico; pues reside desde hace varios años en Barranquilla según lo mostraron diversas informaciones durante el carnaval virtual del 2020 en sus fantásticas parradas en donde da propinas generosas y corre con los gastos de los asistentes.
Es que en Colombia las personas jurídicas carecen de legislación sobre responsabilidad penal así que los sancionados con conductas típicas son los miembros de las juntas directivas, representantes legales y socios. Para que la empresa siga boyante en caso de percances jurídicos solo hay que retirar displicentemente a los implicados, colocar testaferros o venderla a nuevos inversionistas. Así que siguen estas empresas y personas jurídicas tal como si no hubiese sucedido nada contratando con diversas instituciones del estado.
ICM Ingenieros es una de las empresas vinculadas al escándalo del contrato con Mintic, en donde señalan que el ministerio fue víctima de una trampa, aunque antes de adjudicar el contrato diversos sectores habían advertido sobre la carencia de idoneidad de los escogidos en medio de una tormenta mediática en la que la ministro prometió irse para el cementerio si no se lograba la conectividad de estos centros escolares dispersos alrededor de toda la geografía. La tesis, ciertamente de una pasmosa ingenuidad de la Ministra es corroborada por su jefe el presidente Duque, quien señaló, en tono misterioso, que detrás de la estructuración de ese contrato hubo “mentes macabras”.
Donde viven las mentes macabras
Todo el entramado contractual de la Unión Temporal Centros Poblados gira alrededor de Barranquilla, ciudad en donde viven y ejecutan diversas actividades sus protagonistas.
Los socios de Centros Poblados viven también en Barranquilla incluso el polémico y cuestionado contratista Emilio Tapia relacionado y vinculado con el Carrusel de la Contratación en Bogotá promovido por los primos Nule, y casualmente, uno ellos vive en esa ciudad.
El gerente de Nuovo Security S.A.S empresa que opera en Barranquilla y socio fundador en USA de su empresa homónima Nuevo Security LLC, es Efraín González Hamburger, barranquillero también, con sede fiscal en el estado de Delaware donde cayó el baloto de US 15 millones de dólares, anticipo del contrato.
González Hamburger sostiene que su firma fue falsificada. Por ello radicó una denuncia penal en Miami, donde se encuentra residenciado desde 2019, contra Juan Carlos Cáceres Bayona, el otro socio fundador de Nuevo Security LLC, la empresa de papel de Estados Unidos -también residenciado en Barranquilla- y Robert Gómez, representante legal de Novotic, otra de las empresas que integran la UT Centros Poblados y viejo aliado de Bayona. Emilio Tapia se encuentra residenciado en esta ciudad en la calle 94.
En cuanto a los funcionarios involucrados del Mintic, dos intocables del mismo sector político de la ministra siguen en sus cargos pese a su manifiesta responsabilidad en la adjudicación del contrato con Centros Poblados. Allí hay dos dependencias directamente involucradas que son la Dirección de Infraestructura. dependiendo del Viceministerio de Conectividad y la otra es el área de contratación que depende de la Secretaría General.
Un informe de la periodista Pao Herrera de La W muestra que el área de contratación fue la que hizo la licitación, permitiendo que la propuesta de Centros Poblados llegara hasta al final, revisó las garantías propuestas, auscultó documentos y conceptuó que todo estaba en orden. La persona que lideró esa licitación, aprobó y ordenó el gasto es Adriana Meza Consuegra, una funcionaria que ha acompañado a Abudinem en diversas posiciones públicas, entre ellas su paso por el ICBF a la que denomina en tono heroico “compañera de batallas”.
Meza Consuegra nació y vive en Barranquilla y su paso incluye, según la hoja de vida de función pública, por la Alcaldía de Barranquilla y la Presidencia de la Republica. En febrero 18 de 2021 la Procuraduria Delegada para la Moralidad Pública dentro del expediente IUC D-2021-1714195 (IUS E-2021-013362) le profirió auto de apertura de indagación preliminar en su calidad de Secretaría General del Mintic.
El Viceministro de Conectividad es Walid David Jalil, barranquillero, y manejó en su totalidad el fondo asignado a la licitación. David Jalil también tuvo un paso por el ICBF y en la Alcaldía de Barranquilla, cuando estuvo en ese cargo Elsa Noguera, actual gobernadora del Atlántico, entre 2012 y 2014, y al retirarse explicó a la prensa que iba para un cargo ministerial en Bogotá.
En diciembre de 2018 fue sancionado cuando ejerció el cargo de Secretario de Movilidad –donde tuvo un desempeño absolutamente opaco y mediocre-, pues la Personería Distrital de Barranquilla le impuso una medida disciplinaria consistente en suspensión del ejercicio del cargo y una inhabilidad especial, es decir, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por tres meses en un un fallo de primera instancia.
Total, Walid David Jalil renunció para asumir sus próximos pasos en Bogotá donde se posesionaría, según declaración de su ex jefa Noguera, como Viceministro de Transportes cargo que había quedado en vacancia tras la salida de su anterior titular Nicolás Estupiñán.
En ese momento el periódico EL HERALDO publicó que una fuente de la Alcaldía dijo que «la mandataria de los barranquilleros, Elsa Noguera, tiene pensado anunciar hoy la noticia del salto del secretario a la capital de la República para asumir.
En caso de que Walid David Jalil acepte la propuesta que, supuestamente, surgió luego de su visita a la sede del ministerio 15 días atrás cuando participo en una junta sobre Transmetro, implicaría el relevo de una de las secretarías más complejas y de mayor importancia de la Administración distrital».
Jalil tomó posesión de este cargo hace dos años y desde entonces asumió sus funciones con el reto de llevar a la realidad proyectos que contribuyeran a mejorar la movilidad de los barranquilleros. Todos estos personajes hacen parte del entramado territorial de la conspiración de las “mentes macabras”.
ICM Ingenieros
En el 2013 el periodista Daniel Coronell inquirió, a través de una columna suya, al entonces gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz asegurando este que no es ni era propietario de ICM Ingenieros. Estaba seguramente con algún natural susto porque diversos testigos señalaban a esta empresa de participante en el carrusel de la contratación pagando sobornos a políticos con el objetivo artero de ser beneficiaria de multimillonarias contratos. Lo peor no eran esas acusaciones, sino que ICM ejecutaba diversos contratos con el estado y la legislación prohíbe que los funcionarios públicos puedan hacer negocios con la administración.
Pese a los desmentidos públicos del gobernador, Álvaro Cruz estaba metido en los negocios de la administración de Bogotá con contratos en la malla vial reconocida por el Vicefiscal de ese momento Jorge Perdomo. El gobernador admitió su labor de asesor en esa empresa perno negando enfáticamente su condición de socio o accionista.
El gobernador se posesionó el 21 de diciembre de 2011 y tres meses después –el 21 de marzo de 2012– envió un oficio a la Presidencia de la República pidiendo el nombramiento de un gobernador ad hoc para los temas de la empresa ICM, las cuales tenían dos contratos, que después fueron cedidos, con el departamento de Cundinamarca.
El petitum le fue concedido por la presidencia de la Republica el 9 de mayo con el argumento que “el impedimento se presenta debido que el señor Jorge Iván Rozo, quien es su cuñado, es accionista de la compañía ICM Ingenieros S.A, a través de la firma Inversiones e Infraestructura SAS”.
Esta empresa surgió en julio de 2010 y la totalidad de las acciones pertenecía a Luz Zoraida Rozo Barragán, esposa de Cruz, siendo matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá en donde se nombró como primer representante legal a Álvaro Cruz Vargas, posteriormente elegido gobernador de Cundinamarca. Total que en ese momento ICM Ingenieros ejecutaba en contrato de pavimentación de la malla vial de Bogotá.
Esta empresa es socia en otros negocios del resto de accionistas de Unión de Centros Poblados. En 2017 ICM Ingenieros, junto con las empresas: Intec de la Costa –otra de las socias–, Belmira Construcciones y Corvez Ingeniería, ganaron una licitación para el mejoramiento de la vía Medellín- Quibdó. Por ello sostienen medios de prensa que ICM y los otros socios de Centros Poblados venían ejecutando contratos juntos desde hacía algún tiempo.
ICM seguía en propiedad de Luis Guillermo Meza Barragán y el ex gobernador de Cundinamarca y su objeto social era las obras de infraestructura. Dos meses antes de adjudicarse la licitación con el Mintic, en octubre de 2020 vendieron la empresa y allí, inmediatamente se cambiaron estatutos y objeto central social de la compañía incluyendo –premonitorias que son estas mentes macabras- la instalación de equipos de telecomunicación e internet y los estatutos. Justo para adaptarse a las exigencias que pedía el Mintic.
Esta empresa de ingenieros tiene contratos con Invias por $599.000 millones de pesos en varias uniones y obras. Por ejemplo tiene el 50% en el mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto transversal Quibdó-Medellín Sector 2 en un contrato que se iniciaba el 19 de diciembre de 2017 y concluye el 31 de diciembre de 1922 con un costo de $117.630 millones.
Allí, en ese contrato también participa una de las firmas accionistas de la Unión Centros Poblados, Intec de la Costa con un porcentaje del 25%. En el primer semestre del presente año, según indica Germán Vargas Lleras en su columna dominical de El Tiempo, el Invías le adjudicó contratos a tres consorcios en los que hace parte constitutiva ICM Ingenieros. Uno de ellos es el consorcio Vías Cauca para la construcción del tramo Altamira-Florencia por un valor de $ 45.000 millones. A la fecha se ha ejecutado el 13 %, ni siquiera una tercera parte, dice Vargas Lleras “del anticipo que alegremente se les entregó por casi $ 19.000 millones”.
Otro contratico fue a través del consorcio Corredores Viales para construir el tramo Vado Hondo-Labranza grande-Yopal por valor de $137.000 millones con 0 % de ejecución y con anticipos pactados que van hasta el 50 % del valor total. Una verdadera maravilla.
Y ahora nos enteramos de que en el primer semestre de este año el Invías les adjudicó contratos a 3 consorcios de los que hace parte ICM. El primero, a través del consorcio Vías Cauca para la construcción del tramo Altamira-Florencia por valor de $ 45.000 millones. A la fecha se ha ejecutado el 13 %, ni siquiera una tercera parte del anticipo que alegremente se les entregó por casi $19.000 millones.
El segundo, a través del consorcio Corredores Viales para construir el tramo Vado Hondo-Labranza grande-Yopal por valor de $137.000 millones con 0 % de ejecución y con anticipos pactados que van hasta el 50 % del valor total. Allí ICM Ingenieros tiene el 30% de participación con un inicio de obras el 14 de julio de 2021. Tienen muy buenos amigos en el gobierno esta empresa de ingenieros para tantos contratos consecutivos con el sello común de retrasos, incumplimientos y fantásticos adelantos que se evaporan apenas son girados por la respectiva entidad estatal. Es algo así como la marca de fábrica. Con el consorcio San Sebastián recibió de adelanto $300.000.000 correspondiente al 50% del anticipo y del cual se ha ejecutado un 0%. Otra belleza.
En escena Emilio Tapias: El Rey de las Carreteras
Emilio Tapias fue uno de los protagonistas de los procesos judiciales en torno al llamado carrusel de la contratación relacionados con obras de infraestructura que debería ejecutar en Bogotá el llamado grupo Nule, y cuyos anticipos terminaron invertidos en concesiones y en la consolidación de un emporio empresarial que lentamente se derrumbó con las consecuencias conocidas por todo el país que incluyeron cárcel para los tres primos Nule, e igualmente para el alcalde Samuel Moreno Rojas, su hermano Iván y el contralor Morales Russi.
Ya mencionamos que Tapias se encuentra residenciado en Barranquilla y providencialmente se enteró que Mintic sacaría unos millonarios contratos para conectividad escolar. En 2019 Juan Carlos Aldana se entera –también providencialmente- que ICM Ingenieros del ex gobernador Cruz y su otro socio se encuentra en venta. Así que contacta a su primo Emilio Tapias para la compra y de ese modo seguir en los negocios de contratación de infraestructura pública. Tapia, que tiene el don de la videncia vislumbró las potencialidades de la empresa a la luz de nuevos y multimillonarios contratos que estaban prestos a la mano.
Según la radio La W «Emilio Tapia habría llamado a dos de sus personas de confianza que le ayudarían a concretar el negocio. Uno de ellos es Herles Ariza, un coronel retirado que fue nombrado como depositario de bienes con extinción de dominio, que hoy están en poder de la SAE, incluyendo la sociedad Capital Energy, que le perteneció a los Nule». Otra vez aparece el apellido Nule rondando en negocios con Emilio Tapia.
Así fue. De este modo Emilio Tapia estaba nuevamente en las pujas de contratos de obras de infraestructura pública. Así que tras la adjudicación al contrato de Mintic a Unión de Centros Poblados el 9 de diciembre de 2020 en donde su nueva empresa –tan solo tenía dos meses de negociada- ICM Ingenieros registra, un día después, el cambio del representante legal Herles Ariza, Jeremías Olmedo Cabrera, quien fue nombrado por Emilio Tapia para administrar su nueva compañía.
Es preciso recordar cual fue la labor de Emilio Tapia, conocido entre sus amistades –aparte del Rey de las Carreteras- como “El Zar de la contratación” y estuvo involucrado hasta los tuétanos en el carrusel de la contratación en Bogotá en calidad de responsable de la lavar dineros provenientes de la corrupción contractual y con ellos compraba diversos bienes usando el testaferrato para el ocultamiento de esos capitales mal habidos, vinculados a las maniobras del grupo Nule.
La aparición de Emilio Tapias en Barranquilla, escogiéndola como sede es un reacomodo para poder moverse a sus anchas en el plan de intocable, pues desde diciembre del 2018 se encontraba en prisión domiciliaria tras haber cumplido 3/5 partes de su condena. Posteriormente un juez de ejecución de penas de Barranquilla –otra vez esta ciudad- le otorgó libertad condicional.
Tapias había sido condenado a 17 años de cárcel en 2015 por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Un año después, en 2016, el Tribunal Superior de Bogotá le redujo la pena a 7 años. En el 2018 Tapias estaba fuera del sistema carcelario al concederle un juez de Barranquilla la casa por cárcel con el argumento jurídico –y era cierto, que ya había cumplido los requisitos para obtener su libertad condicional. Así que en agosto de 2019 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla –otra vez!- le concede la libertad condicional con libre movilidad reanudando rápidamente su vida de parrandas épicas en donde corre el dinero a su cuenta. Pero Tapias no solo tuvo incorporación a su vida de jolgorios, sino que inició otra vez con la compra de ICM Ingenieros sus viejas andanzas por los lados de la contratación pública.
De ninguno de estos hechos sospechosos de uno de los socios de la Unión Centros Poblados parecieron percatarse los irresponsables funcionarios con competencia de contratación en el Mintic. Estaban convencidos que el negocio se encontraba tan bien hilado y a salvo de suspicacias de las ias con el argumento convertido en famoso por Alex Char: “somos intocables”.
Otro célebre caso del mega contrastista Emilio Tapia sucedió en octubre de 2018 cuando una juez especializada de Bogotá no le dio el aval a un preacuerdo que había firmado el ex embajador de Colombia en Venezuela Fernando Marín Valencia, vinculado por vía sanguínea a la constructora bumanguesa Marval y propietario de una empresa constructora con las cuales sacaba dineros al exterior con el objetivo de lavarlos.
El 29 de junio de 2020, un juez de Barranquilla –otra vez!- en una fallo del Juzgado Cuarto Penal del Circuito se condena a Marin Valencia a 49,5 meses de prisión y a Richard Harris Salcedo por el delito de soborno en actuación procesal.
El modus operandi de Marín era el eslabón clave para sacar del país dinero de los sobornos pagados a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas en torno al escándalo llamado carrusel de la contratación en Bogotá. El chivato de estas telarañas para acogerse al principio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía fue Emilio Tapias Aldana
El exembajador fue imputado por sus nexos con el cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana, uno de los protagonistas del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá. Según las investigaciones, Marín Valencia recibió de Tapia Aldana $2.223 millones de pesos que ingresaron a la contabilidad de sus empresas y luego fueron transferidas el exterior. Posteriormente recibió otra remesa de $2.500 millones de pesos que convirtió en dólares para ser invertidas en proyectos inmobiliarios en el exterior del país. El acuerdo de la fiscalía con Marín, tras las delaciones de Tapia Aldana estableció una pena de 92 meses de prisión y una multa de 500 salarios mínimos aceptando el cargo de lavado de activos.
Una versión del 28 de mayo de 2019 indica que Marin Valencia hizo un ofrecimiento entre 4 y 6 millones de dólares para evitar que lo involucraran en el carrusel de la contratación. El soborno estaba dirigido con nombre propio a Emilio Tapia, que según algunos fue “el verdadero cerebro del saqueo de las arcas de Bogotá”, para que cambiara la índole de su testimonio contra Marín Valencia en el blanqueo de un millón de dólares que el grupo Nule pagó a los hermanos Moreno Rojas para blanquear dos de los contratos de la malla vial. A Tapia, como muestra de buena voluntad en la negociación le llevaron $50 millones de dólares.
Todo este entramado de fraude procesal sucedió en la casa de Tapia, que en ese entonces tenía prisión domiciliaria en Barranquilla y la cual fue preparada con micrófonos y cámaras bajo la supervisión de un juez de garantías. Desde el 9 de mayo de 2019 Tapia había comunicado la intención de hostigamiento para silenciarlo de la salió incólume y bríos para seguir en brega de contratista del estado. Parece que la suma ofrecida inicial rondaba los US100 millones de dólares.
Corolario
Cuesta trabajo creer que los diligentes funcionarios del Mintic no sabían con quienes estaban tratando auscultando la propiedad de las empresas vinculadas a la Unión Centros Poblados.