Por: Eduardo Padilla Hernández, presidente Asociación Colombiana de Veedurías Ciudadanas (Aso-Red).
El gobierno dice una cosa, pero hace todo lo contrario: En medio del “esfuerzo de austeridad” que anunció por cuenta de la crisis económica debido a la pandemia Covid-19, la Cámara de Representantes firmó un contrato por $50.298 millones para la actualización tecnológica de la corporación y la adecuación de sus instalaciones para la llegada de los 16 congresistas que ocuparán las circunscripciones especiales de paz.
Si hubieran tenido en cuenta el gasto de dinero excesivo e innecesario, habrían abandonado la idea de firmar ese contrato, para evitar ese descomunal despilfarro.
De todos modos, la ejecución del millonario contrato que se iniciará a partir del 30 de abril de 2022, tiene como objeto la implementación de una “solución” tecnológica que contenga herramientas modernas e innovadoras de hardware, software y servicios conexos.
El Director Administrativo de la Cámara Representantes aseguró a los medios que “el dinero viene directamente de la Nación”; o sea, producto de los impuestos que pagan los contribuyentes colombianos.
Trascendió que el proceso ha sido acompañado por la Contraloría y que busca aliviar costos mensuales para la Corporación de más de $1.000 millones de pesos derivados de servicios de tecnología.
También se conoció que el contrato no da espera por el estado obsoleto de los sistemas y equipos.
Además, un portavoz dijo “que se deben hacer ajustes antes de la llegada de los 16 nuevos representantes, a partir del 20 de julio de 2022”.
En fin, el Estado hace y deshace con la plata de los contribuyentes colombianos, pero las elecciones de 2022 están cerca, y el pueblo está afinando su memoria.