HASTA 8 AÑOS DE PRISIÓN ENFRENTA HOMBRE QUE LANZÓ PATADA VOLADORA A POLICÍA

En la mañana de este lunes, se tiene  prevista la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra el hombre – capturado ayer en Bello, Antioquia –  sindicado de agredir con una patada voladora a la patrullera Astrid Carolina Salas Rocha, de 26 años.

La patrullera fue agredida por la espalada el 20 de julio en momentos que prestaba servicio para contener los disturbios y actos vandálicos que se registraban en Medellín. 

De acuerdo con las fuentes consultadas  al capturado la Fiscalía le imputará el delito de agresión a servidor público.

En el Código Penal se advierte que el «que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años».

Señala la fuente que de acogerse a cargos el capturado podría lograr una rebaja de penas del 50 por ciento, que podría darle la libertad.

De acuerdo con la Policía el hombre no registra antecedentes penales y se sabe que es vendedor de video juegos en Bello.

De igual forma, se confirmó que el 20 de julio en horas de la mañana la Policía le impuso un comparendo por porte de elemento cortopunzante.

La investigación contó con un cotejo morfológico y tres reconocimientos fotográficos, «los cuales al ser cruzados dieron un porcentaje del 100 por ciento de relación con la persona responsable de la agresión», para lograr su identificación señaló la Policía de Medellín.

«Iba caminado cuando sentí el impacto, caí al suelo y no recuerdo más», dijo en entrevista en su momento la patrullera Astrid Carolina, al relatar la agresión de la cual fue víctima.

La patrullera, que lleva tres años en la Policía Nacional, estaba ese 20 de julio  en servicio en un grupo de Fuerza Disponible que prestaba seguridad en el sector que comprende la glorieta de La 33 y Plaza Mayor en la capital antioqueña.

La captura del hombre, que no pasa de los 30 años la hizo la Policía en vía pública con base en una orden  emanada por la Fiscalía 52 seccional de Administración Pública.

En el proceso fue valiosa la información aportada por la ciudadanía y el trabajo realizado por expertos de la Fiscalía en reconocimiento facial, «quienes revisaron por horas varias cámaras de seguridad del sector», destacó la fuente.

Tomado de El tiempo.

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